El blog de Carlos Díaz-Pache » 2010 » agosto » 16

El gobierno presentará la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública

Open Data

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El País nos revela hoy que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, que debería entrar en vigor el próximo año. 

El Consejo de Europa aprobó en junio del año pasado el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales (PDF). En él se decía que «todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos«. 

En el mismo documento argumentaba a favor del acceso de los ciudadanos a los documentos públicos diciendo que «el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: proporciona una fuente de información para el público, ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas y fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad»

La propia Constitución española (en su artículo 105.b) ya recoge que la ley regulará «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas«.

El anteproyecto parece que no ha empezado su tramitación con buen pie, ya que irónicamente su desarrollo no ha sido público, y el anuncio de su presentación lo ha hecho un medio de comunicación y no el propio gobierno (podía haberlo hecho, por ejemplo, a través de su twitter @desdelamoncloa).

No conocemos el texto, pero si lo que avanza El País es cierto, podríamos comentar los siguientes puntos:

  • No es un texto original, sino que sigue lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa. No esperaremos, por lo tanto, iniciativas en favor del Gobierno abierto más allá de lo que el Consejo ha estimado oportuno.
  • No es garantista, ya que aunque se aplica el silencio positivo (a favor del ciudadano) en su petición de datos a los poderes públicos, el ciudadano debe reclamar a la Agencia de Protección de datos, que podrá no responder sin consecuencias.
  • Las resoluciones de la APD no afectarán a las administraciones autonómicas o locales.
  • La ley no está pensada para Internet. Parece que sólo se insta a las administraciones a publicar los datos más relevantes para los ciudadanos (temible subjetividad) «preferentemente por medios electrónicos«.
  • No se obliga a las administraciones a ser transparentes porque no se obliga a la publicación electrónica y en formatos abiertos y reutilizables de toda la información pública que no esté sujeta a restricciones.
  • Es restrictiva. Como es lógico, la apertura no afecta a la información relativa a seguridad, política exterior y defensa, o protección de la intimidad, pero también se excluye lo relativo al Parlamento o a los tribunales.

En definitiva, parece que de momento el texto no hará que las administraciones sean todo lo transparentes que la técnica y la lógica les permiten ser, y para serlo deberían empezar mostrándonos el anteproyecto para conocerlo de primera mano.

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