El blog de Carlos Díaz-Pache » administración electrónica

Category: administración electrónica

Claves en la definición de la administración electrónica nacional

La interoperabilidad entre administraciones constituye un punto fundamental para el desarrollo de nuevos servicios

La interoperabilidad entre administraciones constituye un punto fundamental para el desarrollo de nuevos servicios

Debatiendo sobre la realización de trámites por vía telemática con la gente de innovación del Gobierno Vasco, he recopilado unos puntos que creo que son clave para el éxito de la administración electrónica a nivel nacional, en cuanto a mejorar y profundizar en la relación de los ciudadanos con todos los niveles de la administración por vía telemática.

En la actualidad, el gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos están definiendo, cada uno a su manera, la forma en que ponen a disposición de los ciudadanos a través de Internet los trámites que les corresponden. La posibilidad del ciudadano de relacionarse con la administración (consultas, solicitudes, pagos, etc.) depende, por lo tanto, de la administración que controle la materia que interesa al ciudadano en un momento concreto.

Para mejorar esta relación con la administración, deben realizarse acciones desde varios frentes de forma coordinada:

  • Global: La creación y promoción de la figura del CIO en la administración (a nivel inter-administración) será vital para poder abordar este tema, y debería influir en todos los actores involucrados para tener garantías de seguir una estrategia conjunta:
    • Es necesario empezar estudiando el punto de vista del ciudadano y no el de la administración para poder detectar fielmente las necesidades o las oportunidades que internet ofrece a la administración pública.
    • Es vital promocionar un acceso único para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites sin preocuparse de si, por ejemplo, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se paga al ayuntamiento, a la comunidad o al Estado. Solo debe acceder a la ventanilla única (¿060.es?), localizar fácilmente el trámite (algo como Impuestos -> Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica -> Pagar) y realizarlo.
    • Hay que cambiar la estrategia para promocionar la creación de servicios proactivos por parte de la administración, que informen al ciudadano no sólo de sus obligaciones (como las notificaciones de pago de multas), sino también de sus derechos. Por ejemplo, al realizar de forma telemática el registro de un hijo en el Registro Civil, debería informarse de las distintas ayudas y ventajas fiscales disponibles (aplicables al caso particular del ciudadano concreto), permitiendo su solicitud inmediata.
  • Técnico (informático): Poner el foco en la interoperabilidad entre los sistemas de las administraciones debe ser obligado. Deben seguirse estándares, deben definirse interfaces comunes y debe permitirse la interconexión de todas las administraciones. Por ejemplo, promocionando y extendiendo la red SARA y la red europea.
  • Técnico (procedimental): Es necesario redefinir TODOS los procedimientos administrativos para adecuarlos a la tramitación telemática. El cambio no es baladí y el procedimiento puede cambiar radicalmente. No podemos trasladar la burocracia de papel a una burocracia digital.
  • Político: Es necesaria también la reestructuración de las administraciones para evitar multiplicidades en las responsabilidades (ministerio de vivienda del gobierno central, consejerías de vivienda en las autonomías, departamentos de vivienda en los ayuntamientos, diputaciones, etc.). Probablemente sea necesario eliminar ayuntamientos pequeños y estudiar cómo mejorar el papel de las diputaciones
  • Legal: El derecho administrativo también debe ser revisado para recoger de un modo global (y no únicamente en leyes específicas) las posibilidades de la tramitación telemática y la interconexión de administraciones en cuanto a número de trámites, documentación a presentar, plazos (esto cambia notablemente), etc.

El compromiso de las administraciones, la colaboración y la comunicación pueden permitir una auténtica revolución en el modo en que los ciudadanos se relacionan con la administración pública, pero los intereses particulares, las guerras de poder o la sordera administrativa pueden provocar un enorme gasto que no redunde en el interés general.

Google apps para el sector público

Google apps

Google apps

Google ha anunciado una nueva edición de Google Apps, con todas las aplicaciones orientadas a las necesidades del sector público. Esta suite de aplicaciones de tipo cloud computing ha sido certificada y acreditada por la U.S. General Services Administration (certificación FISMA: Federal Information Security Management Act).

Según la compañía, la mayoría de las agencias con las que han trabajado han podido ver que Google les ofrece la menos la misma seguridad (si no mejor) que la que ya tenían, con lo que sus clientes en la administración pueden moverse a la nube con confianza. Ponen el ejemplo del Berkeley Lab, donde los investigadores pueden enviarse correos y documentos de forma sencilla, trabajar con ellos simultáneamente, y todo ellos sabiendo que el contenido permanece seguro en la nube.

Google ofrece en la actualidad unas garantías que hacen muy difícil no plantearse al menos estudiar los beneficios en cuanto a la mejora de la eficiencia y el ahorro de costes que supone utilizar sus productos.

La noticia llega en el momento en que se debate sobre la externalización o no de las TIC en el sector público, y cuando se duda de la posición de Google en cuanto a la neutralidad de la red.

¿Se ahorraría utilizando estas aplicaciones en el sector público? Sí. ¿Se trabajaría de un modo más eficaz? También. ¿Es suficientemente seguro? Completamente. ¿Nos fiamos de Google como proveedor? Deberíamos. ¿Nos gusta que algunos datos utilizados en la administración española se alojen y gestionen en servidores externos probablemente ubicados en EEUU? Pues quizás es lo que habría que debatir o estudiar con Google.

Coordinación y ahorro en la Administración

Estructura de Sara

La publicación en el diario Expansión de un artículo en el que se critica la falta de coordinación entre administraciones para compartir recursos informáticos ha provocado una reacción inmediata en los blogs que tratan sobre estas materias. Sostiene Expansión que podrían ahorrarse 1.000 millones de euros centralizando muchos de los servicios que ahora presta cada organismo de forma independiente.

Tanto Montaña Merchan como Andrés Nin han criticado las cifras ofrecidas por el diario económico y su desconocimiento de las medidas coordinadoras y centralizadoras que ya existen para ofrecer servicios de forma unificada (básicamente la red SARA). Tengo que sumarme sin reparos a las críticas a las cifras, que no están detalladas y que parece que parten de extrapolar un ahorro posible en el Reino Unido basándose en un informe (PDF/inglés) que parte a su vez de estimaciones poco fiables. Me sumo también a la crítica por no poner de relieve las medidas que existen en la administración para coordinar sus actuaciones, para distribuir sus servicios más existosos y para ahorrar costes tratando de no duplicar o triplicar esfuerzos (y por tanto dinero) desarrollando varias veces sistemas equivalentes.

Pero tengo que reconocer el valor del artículo en tanto que, independientemente del rigor de las cifras, pone de relieve un problema que existe y que aunque la red SARA trate de mitigar, sigue suponiendo un coste muy importante para las arcas del Estado. Gran parte de este problema no es propio de la organización de los sistemas informáticos, sino de la organización misma de la Administración del Estado, con tres niveles independientes (Administración General del Estado, autonomías y gobiernos locales), apoyados por diputaciones provinciales y organismos anejos.

La coordinación entre administraciones se hace más difícil en general, y en los sistemas en particular. La red SARA ha venido a paliar en parte estos problemas, pero no evita que por tradición, por desconocimiento o por presiones políticas, algunas administraciones u organismos decidan no utilizar lo que se le ofrece y realizar sus propias versiones de aplicaciones o servicios ya probados con éxito.

Expansión también pone de relieve que en la administración española no existee la figura del CIO (Chief Information Officer), que sí tienen en las administraciones británica o estadounidense, a modo de coordinador general de sistemas de toda la administración (reclamaba yo hace meses una cordinacción real a nivel interministerial), y me parece una figura imprescindible pero dificilmente implantable en un país con un modelo de estado con administraciones muy celosas de sus competencias. La unificación de servicios auxiliares como el correo electrónico o las líneas de comunicación podrían formar parte de lo que supondría un buen paquete de medidas destinadas a la mejora de los servicios y al ahorro, tan necesario en el momento actual.

Para ello es necesaria una gran voluntad política de todos los implicados que lleve a aceptar que una coordinación general y central que obligue a todos supondría un enorme ahorro de costes (que yo no me atrevo a cuantificar) y una mejora sustancial de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

La Administración en las redes sociales

Redes sociales

Redes sociales

El debate sobre la utilización de las redes sociales va adquiriendo en la sociedad española cierta madurez, y su utilización, cierta complejidad. Desde la popularización del uso de Internet en los distintos ámbitos de nuestras vidas (tanto en lo personal como en lo profesional), son muchos los cambios que se han producido en nuesta forma de vida, y en general estos cambios han sido demasiado rápidos como para saber si hemos escogido algo o es que una avalancha nos ha obligado a seguir el camino marcado.

Leyendo a Félix Serrano en su post “Las Administraciones ante las redes sociales“, me ha interado la diferenciación que hace del empleado público en su trabajo en la administración y el empleado público cuando utiliza las redes sociales. Dice Serrano que las redes sociales son un fenómeno humano y establece unas pautas de conducta que debe seguir el empleado público en su utilización. Pautas, por otra parte, que son del todo razonables.

Pero lo que más me ha llamado la atención es que, aunque habla de ello, no insista en que las redes sociales ya existían antes de Internet. Las redes sociales son las relaciones personales, y los empleados públicos ya las tenían. Si un funcionario de hacienda sentado en un bar ante una cerveza y un pincho de tortilla recomienda a un conocido un modo de realizar su declaración del IRPF, desde luego que no vincula a la administración. Si un empleado público de la dirección general de tráfico opina paseando por un parque sobre el carnet por puntos, no está en ningún caso dando la opinión del organismo, aunque sea su director. Y por supuesto, si un médico de la sanidad pública, jugando un partido de fútbol, revela a un amiguete el estado de salud y el resultado de las pruebas de un paciente, con su nombre y apellidos, está comunicando información confidencial a quien no debe tener conocimiento de ella.

Esto mismo es lo que se trata en las redes sociales, con la diferencia de que generalmente queda constancia de opiniones y discusiones entre unos y otros. Al final, no es más que poner a prueba la prudencia y el sentido común que ya deben tener quienes manejan información que no pueden divulgar y a la vez tienen opiniones que sí pueden compartir. Lo importante es conocer en cada momento en calidad de qué está hablando una persona. Y en las redes sociales, las personas actúan como particulares, y por tanto sus opiniones son suyas y de nadie más.

Las administraciones, por otra parte, pueden y deben tener presencia en Internet, ofreciendo a los ciudadanos datos ricos sobre cómo se gasta su dinero, cómo se invierte, cuáles son los servicios que se le ofrecen y poner estos servicios a su disposición de la forma más cómoda posible. Además, por supuesto, de contar con el ciudadano en un entorno (Internet) donde la interacción es tan sencilla y barata.

Una de esas formas de ofrecer información al ciudadano es hacerlo a través de las redes sociales como administración. Así, un empleado público podrá estar detrás del perfil de la Agencia Tributaria en Facebook y contestar a las dudas de los ciudadanos como empleado público, y por tanto, dando información o recomendaciones que sí vincularían al organismo. La administración es un ente jurídico impersonal, y el empleado público forme parte de ella hacia su interior, y la representa hacia el exterior cuando lo hace en el marco de su trabajo. El portal de la Agencia Tributaria o su perfil de facebook realmente es parte del organismo y por tanto el funcionario que lo gestiona está igualmente detrás de su ventanilla.

Nuevos medios, mismas normas, más agilidad, más transparencia, más eficacia y mayor eficiencia.

La DGT permite acceder a los datos del pago de las multas de otras personas

Dirección General de Tráfico

Dirección General de Tráfico

Otra vez es Samuel Parra el que nos avisa de un nuevo error en la web de la DGT. En este caso, el sistema permite conocer los sancionados por multas de tráfico y los datos del pago de las multas.

La Dirección General de Tráfico está acumulando una serie de errores en su sede electrónica que amenazan con estigmatizar sus sistemas y minar su reputación. Hace poco conocíamos que la Agencia Española de Protección de Datos había la sancionado por incumplir la ley con su aplicación de consulta de los puntos del carnet, y que a pesar de ello no tenían intención de modificar la aplicación.

Lo que conocemos ahora es un modo sencillo de acceder a los datos de los justificantes de pago de las multas de tráfico. Para ello solo tenemos que conectarnos a la siguiente dirección:

https://apl.dgt.es/WEB_Sanciones/jsp/recibo/introducirNumeroRecibo.jsf

A continuación, sin solicitar ningún tipo de identificación mediante usuario/password, certificado digital o DNI electrónico, se solicita el número de registro del recibo de pago. Ese número de registro tiene un formato similar a “2010005000113***”. Los cuatro primeros dígitos corresponden al año, y los últimos seis son números secuenciales. Solamente introduciendo este dato, se nos ofrecerá un documento en formato PDF con la siguiente información:

  • Nombre y apellidos (o razón social)
  • DNI/NIE
  • Número de expediente sancionador
  • Fecha de pago
  • Importe de la sanción
  • Número de autorización de la tarjeta
  • Número de operación

Deduciendo el formato de este número, y probando con los números anteriores o posteriores al de nuestra sanción, nos encontramos con los resguardos de otras personas, con sus datos abiertos y sin ningún tipo de protección.

Esto supone, a todas luces, una nueva vulneración de la LOPD, que en sus artículos 9 y 10 establecen que el responsable del fichero debe establecer las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos y tiene el deber de guardarlos y mantener su secreto.

Habiendo leyes que regulan desde hace tiempo este tipo de cuestiones (LOPD, LAECSP, Ley 59/2003 de firma electrónica, Esquema Nacional de Seguridad, etc.), habiendo especialistas en informática, en administración electrónica, en legislación de protección de datos, existiendo el Consejo Superior de Administración Electrónica, habiéndose implementado sistemas seguros en otras administraciones (tanto de la AGE como de las administraciones regional y local), llama poderosamente la atención que aparezcan todavía sistemas sin ningún tipo de seguridad y que incumplen de manera tan clara estas normas.

Quizás sea por el hecho de que la Administración pueda decir que no va a modificar un sistema que la AEPD ha declarado ilegal, y aquí no pase nada.

Tráfico infringe la ley con la consulta de los puntos del carnet y no piensan cambiarlo

Permiso por puntos

Permiso por puntos

Leo en el blog de Samuel Parra que la Dirección General de Tráfico fue advertida hace un año por la Agencia Española de Protección de Datos de que su sistema para la consulta de los puntos del carnet de conducir no cumplía la Ley Orgánica de Protección de Datos de caracter personal.

Resulta que los únicos requisitos para poder consultar los puntos son conocer el DNI y la fecha de expedición del carnet, no disponiendo la aplicación de un sistema de control de intentos fallidos. Este hecho posibilita que un simple script puede obtener el saldo de puntos de cualquier persona únicamente contando con el número del DNI, que es un dato que es habitualmente fácil de conseguir.

En su resolucion 00372/2009 (PDF), la AEPD advierte que

Ha quedado acreditado que la Dirección General de Tráfico incumplió esta obligación, toda vez que desde su página web se permite el acceso de cualquier persona al saldo de puntos de cualquier titular de un permiso de conducir, con sólo insertar el número del permiso y la fecha de expedición del mismo. Es decir, la Dirección General de Tráfico incumplió las medidas de seguridad al posibilitar que, por parte de terceros, se pudiera acceder a través de la página web, a datos personales de titulares del permiso de conducción asociado al saldo de puntos relativos a dicho permiso.

La DGT, por lo tanto, comete una infracción del artículo 9 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.h) de de la citada Ley Orgánica.

Pero lo malo no es que la DGT incumpla la ley. Admitiría que, por desconocimiento o por torpeza, hayan diseñado o implementado un sistema que no sea lo suficientemente seguro y que, por lo tanto, exponga datos privados a todos. Lo realmente grave es que, a pesar de las advertencias, a pesar del requerimiento oficial de la AEPD para que “adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 9 de la LOPD“, a pesar de todo ello, la DGT se niegue a modificar el sistema.

El responsable de informática de la DGT, Luis de Eusebio, declaró en una entrevista en El Mundo, que “Cualquier rectificación iría contra la comodidad actual de los conductores“, argumento que le sirve para justificar la transgresión de la ley. Según manifiesta en la entrevista, “Sólo ve como alternativas exigir certificado digital a quien pretenda acceder a su saldo de puntos o deshacer el camino virtual y abrir ventanilla en las jefaturas de Tráfico a las consultas para puntos. La primera opción la considera difícil; la segunda, imposible.

Cuando el responsable de informática de un organismo público ve muy difícil la utilización de un certificado digital (¿qué pasa con el DNI-e?) y justifica con la comodidad el incumplimiento de la ley, se explica el retraso de la administración pública en la utilización de una tecnología que hace más fácil la vida a los ciudadanos y retrata a todo el organismo al que representa.

Futuro, propiedad intelectual y administración electrónica

Vinton Cerf

Vinton Cerf

Vinton Cerf, considerado uno de los padres de internet por trabajar en el desarrollo de los protocolos de comunicaciones que hicieron posible la Red, ha escrito el prólogo de “Todo va a cambiar”, el libro que acaba de publicar Enrique Dans.

En este prólogo, el actual vicepresidente de Google, y presidente del ICANN, reflexiona sobre la futura interconexión de varias de las nubes que conocemos y con las que empezamos a trabajar mediante cloud computing. La nube de Google, que nos permite tener entre otros servicios, hojas de cálculo on-line y el correo de gmail de forma totalmente deslocalizada, las nube de Microsoft o de Amazon deberían en el futuro poder interconectarse, tal y como se conectaron distintas organizaciones en los albores de internet, produciendo una sinergia tal que cambió para siempre la forma en que la humanidad se comunicaba.

La incorporación a las redes de datos de la telefonía móvil, los retos para la publicidad on-line o la gestión y publicación de contenidos en la red son también objeto de reflexión para Certf, que da la razón al subtítulo del libro: “adaptarse o desaparecer”.

Es precisamente este subtítulo el que me provoca dos pensamientos rápidos: uno por la actualidad y otro por la profesión.

Respecto a la actualidad, y teniendo en cuenta las últimas novedades legislativas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, solo puedo reafirmarme en la opinión de que el mercado de los contenidos en Internet debe encontrar un nuevo modelo de negocio. Las empresas relacionadas están cláramente buscando la tecla que les permita relacionarse de un modo amistoso con sus clientes y obtener un rédito económico importante. Unos periódicos buscan modelos de pago por contenidos mediante sistemas de valor añadido, mejorando la disponibilidad de la información en todos los soportes imaginables, la ausencia de publicidad en versiones de pago, etc. Otros diarios apuestan por continuar la política de información gratuíta y abierta, a cambio de publicidad, y siguen investigando en el mejor modo de centrar el target para enviar a cada usuario la publicidad que pueda ser más efectiva. Algunas editoriales (pocas) ya disponen de una colección de títulos disponibles para e-book a un precio razonable, aunque la mayoría han aprovechado para incrementar significativamente sus márgenes, vendiendo al mismo precio el libro en papel (con sus gastos de impresión, distribución, venta en tienda física, etc.) que el electrónico, cuya copia tiene coste cero.

Por otro lado tenemos a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, desastrosamente asesoradas, decididas a poner puertas al campo, a mear contra el viento y a continuar con su arcaico modelo de negocio, basado en remuneración por copia, ignorando la revolución que internet ha traído, donde la copia no vale absolutamente nada. Estas entidades, como dice Enrique, deben “adaptarse o desaparecer”. O encuentran una forma de defender sus derechos que no implique saltarse a los jueces e insultar a sus clientes, o no les quedará negocio que defender.

En lo profesional, cada vez que leo a un gurú hablando de las últimas novedades, o intuyendo hacia dónde se mueve la tecnología o los servicios más punteros, no dejo de pensar que la administración circula en el vagón de cola de esta tecnología. Corrijo. Algunas administraciones ni siquiera viajan en el tren, pero las que lo hacen, lo hacen en el vagón de cola, que sufre las embestidas más fuertes en cada curva y está menos preparado que quienes lideran el convoy.

La administración es ajena a las tendencias en la web, utiliza estándares antiguos, desarrolla servicios obsoletos y no se deja asesorar por quienes pueden hacerle avanzar varios puestos en la carrera por la interacción personal y amistosa con los ciudadanos.

Es cierto que cada paso, cada servico puesto a disposición de todos, se percibe como un éxito y provoca que cada vez más personas apuesten por la tecnología en la administración, convenciendo a los más contrarios o desconfiados, y dando razones para acercarse a ella a quienes nunca pensaron que lo harían.

Más políticos con perfiles o conocimientos técnicos permitirían dar un impulso real a la I+D+i (¡innovación!) española, y desarrollar una administración realmente cercana a los ciudadanos.

Tecnimap calienta motores

Tecnimap

Tecnimap

Los próximos días 7, 8 y 9 de abril se celebrará en Zaragoza la undécima edición de las Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas (TECNIMAP 2010). Este evento es el principal encuentro europeo entre representantes del ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones de las distintas Administraciones Públicas, las principales empresas del sector y expertos relacionados con este campo.

La intención de TECNIMAP es intercambiar experiencias, ideas y proyectos en materia de tecnologías de la información y servicios públicos. Se barajan las cifras de ocho mil asistentes de España y el resto de la UE, 300 empresas y 100 medios de comunicación para cubrir las mesas redondas, talleres y el área expositiva (Expotecnimap).

El programa de TECNIMAP incluye seminarios y paneles sobre:

  • Servicios electronicos centrados en ciudadanos
  • Experiencias y emseñanzas prácticas de la aplicación de la Ley 11/2007 y su normativa de desarrollo
  • El papel de las TIC en la Defensa y la Seguridad ciudadana
  • La Reducción de Cargas Administrativas
  • Las redes sociales y la Administración electrónica
  • Interoperability solutions for European public administrations (ISA)
  • Las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a los procesos electorales
  • El desafio 2020 de la sociedad de la Información
  • La transformación de las Administraciones mediante las tecnologías de la información
  • El reto del expediente electrónico: del papel al terabyte.
  • Iniciativas Sectoriales: Eficiencia y sostenibilidad
  • Calidad de los Servicios Electrónicos y Satisfación de los Usuarios
  • La administración electrónica en Europa: Casos de éxito y buenas prácticas
  • Acceso electrónico: e-inclusión y usabilidad
  • Los nuevos derechos digitales de los ciudadanos

Parece una buena oportunidad para debatir de todos estos temas que actualmente se están implantando en la Administración.  Para quien le interese, está abierto el plazo de inscripción.

Nuevas sedes electrónicas y modernización administrativa

A través del blog de Bartolomé Borrego me entero de nuevos organismos que han publicado sus sedes electrónicas conforme a los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

Me llama la atención la enorme diferencia que existe entre unos y otros organismos. Cómo la misma administración general del Estado puede mantener la terrible web de la policía, que parece que no han modificado en diez años, y la web de red.es, que dispone de un blog oficial, twitter, canal en youtube, etc.

Es evidente que no existe una coordinación general encargada de imprimir cierta homogeneidad tecnológica a la administración (o peor, ¡tal vez exista!), pero a pesar de ello, cada ministerio debería exigir a sus organismos dependientes un mínimo de calidad y actualización, y que pudiera afearse la conducta a quien no hiciese los deberes en el consejo de ministros.

La tecnología está muy cerca de los ciudadanos en su vida diaria, y la administración debe hacer esfuerzos para aprovechar estos medios para ofrecerles los servicios que demandan y que, además, a través de internet les resultan más baratos, con lo que se puede dedicar el dinero a otras cuestiones más urgentes.

Lo que sí es cierto es que con el paulatino incremento de los trámites administrativos de los ciudadanos a través de internet se hace menos necesario contar con una legión de funcionarios que hasta ahora debían ocuparse de estas cuestiones, con lo que resulta imprescindible para la salud económica y productiva del país que se reduzcan las convocatorias de oposiciones para puestos de gestión burocrática y se incentive la administración electrónica.

En cualquier caso, a lo que asistimos ahora es la plasmación inequívoca de qué administraciones están dedicando recursos a la modernización y cuáles no. Cuáles apuestan claramente por la vía telemática para su relación con los ciudadanos y cuáles van a remolque, invirtiendo a regañadientes para cumplir la ley. Y generalmente, tarde y mal.

Los últimos organismos que han publicado sus sedes electrónicas son:

Anteriormente, lo habían hecho, entre otros:

España, en el "top ten" mundial en administración electrónica

Ayer conocimos que, de acuerdo al informe EGoverment Readiness de Naciones Unidas, España ha escalado de la posición vigésima del último informe a la novena en el ranking mundial de desarrollo de la administración electrónica.

E–Government Development Index
Top 10 Countries
# Country Index
1 Republic of Korea 0.8785
2 United States of America 0.8510
3 Canada 0.8448
4 UK and Northern Ireland 0.8147
5 Netherlands 0.8097
6 Norway 0.8020
7 Denmark 0.7872
8 Australia 0.7863
9 Spain 0.7516
10 France 0.7510

Como vemos en la tabla, España ocupa además la quinta posición europea, por encima de otros países de la Unión con superiores niveles económicos y de desarrollo tecnológico en otros ámbitos.

En el mismo informe la ONU destaca a España como tercer país mundial en e-Participación, solo por detrás de Corea y Australia.

E–Participation Index
Top 10 Countries
# Country Index
1 Republic of Korea 1.0000
2 Australia 0.9143
3 Spain 0.8286
4 New Zealand 0.7714
5 UK and Northern Ireland 0.7714
6 Japan 0.7571
7 United States 0.7571
8 Canada 0.7286
9 Estonia 0.6857
10 Singapore 0.6857

Teniendo en cuenta las cifras que conocemos acerca de la utilización de los servicios de la administración electrónica en España en el año 2009, solo podemos concluír que en todo el mundo queda mucho camino por recorrer para posibilitar que los ciudadanos se relacionen de manera natural con las administraciones a través de la red.

Panorama Theme by Themocracy