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A la caza de la start-up que revolucionará el Open Government

¿Surgirá una nueva empresa que cope el mercado del Gobierno 2.0?

¿Surgirá una nueva empresa que cope el mercado del Gobierno 2.0?

En el artículo de Mark Drapeau que comentaba ayer, se hacía una interesante pregunta que a mí también me gustaría poder responder. ¿Cuál será la empresa que revolucionará el Gobierno 2.0? ¿De qué caso de éxito empresarial hablaremos dentro de unos años? ¿Quién será la google/microsoft/facebook que se haga la dominadora del mercado en este área?

Analistas, consultores, empresarios y políticos de todo el mundo interesados en este tema están con las orejas bien abiertas para escuchar una buena idea que pueda marcar la diferencia. En los foros y redes sociales profesionales se debate sobre iniciativas, teorías, principios y soluciones. B2G, maneras de enfocar el Open Data, dispositivos o sistemas a los que orientarse, nuevos métodos de autenticación y de seguridad, lugar de residencia de los datos, ampliación de la administración electrónica, reutilización de servicios, redes gubernamentales, casos de éxito y un largo etcétera con un fondo común: ¿Qué espera el ciudadano?

Estos algunos de los ingredientes:

  • Smartphones
  • Software social
  • Comunidad
  • Open Data
  • Cloud computing
  • Principios de Wikileaks

¿Cuáles faltan? ¿En qué proporción se mezclan? El que de con la receta correcta se llevará el gato al agua y el resto tendrán que copiarle rápidamente.

¿Cambiará Wikileaks el Gobierno 2.0?

Gobierno 2.0

Gobierno 2.0

La aparición de Wikileaks ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones entre ciudadanos, gobiernos y medios de comunicación, sobre las que se están haciendo innumerables reflexiones.

Mark Drapeau (twitter, blog), Director de Participación Social para el Sector Público de Microsoft, publicó hace un año sus previsiones para el Gobierno 2.0 en el periodo 2010-2012. Recientemente ha actualizado esas previsiones por la aparición de Wikileaks, titulando su artículo “Starfish vs. Spider: Government 2.0 Operations In A Wikileaks Environment“ (Estrella de mar frente a araña: Operaciones de Gobierno 2.0 en un entorno Wikileaks)

Uno de los puntos que desarrollaba, bajo el epígrafe “siempre on-the-record“, se refería a que el aumento de los ciudadanos interesados en las cuestiones gubernamentales que disponen de conocimientos y dispositivos preparados para las redes sociales provocaría que la labor de los políticos estuviera siempre siendo difundida y por tanto, en parte controlada.

La aparición de Wikileaks se parece a esa predicción realizada en 2009. Jay Rosean, profesor de periodismo en la Universidad de Nueva York escribió un artículo titulado “The Afghanistan War Logs Released by Wikileaks, the World’s First Stateless News Organization” (Liberados los registros de la guerra de Afganistán, la primera organización mundial de noticias apátrida) en el que comentaba la novedad que supone la aparición de un medio de comunicación sin dirección física u oficina central, sin patria y que por tanto no tiene en cuenta los intereses nacionales. Esta novedad llamada Wikileaks supone que los secretos no se publiquen porque las leyes de una nación dada amparen a los periodistas, sino que se haga únicamente porque la lógica de internet lo permite.

Los términos de estrellas de mar y arañas están tomados del libro The Starfish and the Spider, de Ori Brafman y Rod Beckstrom, que describe dos tipos fundamentales de organizaciones: las tradicionales, jerarquizadas, en las que un lider controla desde arriba a toda la organización (arañas), y las no jerarquizadas, inspiradas por líderes (estrellas de mar). Las primeras pueden detenerse atacando a la cabeza que las guía y que controla todas las funciones del cuerpo. Para las segundas ese ataque no funciona porque su sistema nervioso se distribuye por todo el cuerpo y no recibe órdenes de un eje central.

Este tipo de organizaciones han existido en el ámbito de la ayuda a los demás (alcólicos anónimos), en redes de música compartida (Napster) o en organizaciones terroristas como Al-Qaeda. Ahora, también existe una agencia de noticias.

Como los ataques tradicionales a este tipo de organizaciones han resultado contraproducentes, se pregunta Drapeau si una apertura extrema de los datos de los gobiernos serían la solución.

“¿Se parecerá más el futuro data.gov a Wikileaks que a la actual forma controlada?”.

Wikileaks no es Open Government

Wikileaks

Logotipo de WikiLeaks

La extraodinaria filtración de wikileaks publicada en cinco diarios internacionales (entre ellos El País) consistente en 250.000 documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos ha abierto el debate sobre el límite de la transparencia en la administración.

En #oGov se ha ha hecho un resumen sobre las posturas que se están planteando. Unos ven una oportunidad para el Open Government y otros creen que se están traspasando los limites.

En este caso, tengo que coincidir con Andrés Nin, que pleantea que los funcionarios públicos, que son quienes tienen acceso a la información de los gobiernos y que por tanto son quienes pueden filtrarla, tienen el deber de guardar a buen recaudo la información secreta del Estado. Sólo en los casos en los que la información revela un incumplimiento de la legalidad estaría justificada la revelación de ese secreto, pero únicamente a las autoridades judiciales competentes.

Los países tienen sus secretos y así debe ser. Los gobiernos tienen sus estrategias, sus conversaciones, sus temores e inquietudes. Y esa información no tiene que ser pública. Si nuestro correo es inviolable por una cuestión constitucional, cuánta más protección requerirá el correo de quien puede poner en peligro la vida de militares, espías, policías o cualquier otro ciudadano.

La apertura de datos públicos y la participación de los ciudadanos en el gobierno no puede mezclarse con la traición de militares que roban información secreta de su país y la ponen a disposición de todo el mundo, incluyendo sus enemigos porque el gobierno abierto no debe comprometer la seguridad nacional.

Esta apertura y esta participación debe pedirse desde la sociedad civil y ofrecerse desde las administraciones públicas, estudiando el mejor modo de servir a los ciudadanos.

Dudas o visiones sobre Open Data

Ellen Miller, de la Sunlight Foundation

Ellen Miller, de la Sunlight Foundation

Se ha publicado en Euskadi+innova una noticia sobre las dudas que supuestamente están apareciendo sobre los efectos democráticos derivados del open data.

Ellen Miller, de la Sunlight Foundation, promotora de la transparencia gubernamental, ha comentado que no se está viendo que se estén poniendo a disposición de los ciudadanos los tipos de datos que se habían prometido, y sobre el trabajo de organismo como el suyo dice que  ”se está trabajando en dos lados: ayudando y estimulando a las entidades a publicar datos, y ayudando al gobierno a comprometerse con los ciudadanos para co-crear gobierno“. Pero va un poco más allá y señala que la transparencia de los datos “no es suficiente. Se necesita exactitud, pertinencia y calidad en los datos.

Desde luego que no puedo estar más de acuerdo con Miller en este punto. Si únicamente nos dedicamos a poner a disposición del ciudadano la versión digitalizada de legajos con listados de información inexacta o irrelevante, los objetivos del open data se alejarán por sobredosis de datos y carencia de verdadera información.

Sin embargo, algunos como Gunnar Hellekson, del Red Hat’s US Public Sector group,  opinan que no es razonable pedir perfección a la “mayor y más compleja organización del mundo“: la administración pública. Por lo tanto, si queremos un cambio, deberemos asumir los riesgos y las imperfecciones. También estoy de acuerdo con él.

Creo que el CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, acierta plenamente cuando dice que “si todo el mundo anduviese desnudo, todos iríamos al gimnasio más a menudo”. Y esa es una de las grandes ventajas del Open Data, que el escrutinio público obliga a las administraciones a mejorar, porque sus fallos y sus carencias enseguida se ven, se señalan y se denuncian.

Por lo tanto, y a pesar de que a veces estas visiones parecen enfrentadas, personalmente me parece que se complementan y son enriquecedoras. Por un lado se pide transparencia. Se pide ahora, no cuando se arreglen todas las carencias y se organicen todos los registros. Por otro lado se pide calidad y exactitud, con lo que en paralelo a la publicación debe trabajarse en la mejora de esos registros para mejorar la administración y para mejorar el modo en que su información puede ser utilizada en proyectos innovadores.

Los datos públicos relacionan administración, ciudadanía y empresa de una forma desconocida hasta ahora, evitando que la innovación en el sector tenga que venir de la propia administración, única utilizadora de sus datos hasta este momento. Con su liberación, además de la transparencia y la obligación de mejora de los procedimientos (aunque sólo sea por vergüenza torera), aparecen usos inesperados, innovadores que pueden mejorar significativamente la relación ciudadano-administración.

El estudio sobre la reutilización de datos públicos en España

El estudio está impulsado por la Comsión Europea

El estudio está impulsado por la Comsión Europea

Los caminos de la información en el siglo XXI son claramente diferentes. Buceando en twitter mediante el hashtag #opendata, me entero a través de una usuaria holandesa (@avancampen) de la publicación por parte de la Unión Europea de un estudio acerca de la reutilización de datos del sector público y los posibles acuerdos exclusivos.

La directiva europea sobre datos públicos prohíbe la existencia de acuerdos exclusivos en esta materia (salvo en los casos imprescindibles, debidamente justificados y auditados) y para garantizar la inexistencia de estos acuerdos, a finales del año pasado la Comisión Europea lanzó una iniciativa que debía recoger información en el mercado de datos del sector público, tanto por la parte pública que los ofrece, como por la privada que los demanda.

La primera fase de este proyecto estudió un conjunto de países de la Unión entre los que se encontraba España. Cada país ha presentado un informe final, que en el caso español ha sido elaborado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid coordinado por Rodrigo Sánchez Jiménez.

El estudio se llevó a cabo entre principios de diciembre de 2009 y finales de marzo de 2010, y para elaborarlo se agruparon los datos públicos en seis dominios principales, por actividad:

  • Información económica y de negocio (de las cámaras de comercio, de registros oficiales, de patentes ,etc.)
  • Información geográfica (direcciones, fotos aéreas, catastro, etc.)
  • Información legal (sentencias judiciales, legislación, etc.)
  • Información meteorológica
  • Datos sociales (estadísticas de empleo, datos de salud, demografía, etc.)
  • Información de transportes (información de tráfico, registro de vehículos, etc.)

Una vez identificados los datos, se enviaron cuestionarios a administraciones públicas y reutilizadores de datos dentro del sector privado en cada uno de estos dominios, con respuestas dispares. Por la parte pública respondieron aproximadamente la mitad de los encuestados, pero por la privada tan solo el 10% envió o repondió a estos cuestionarios.

Aún así, con la información obtenida y la información previa consultada, el grupo llega a conclusiones muy interesantes:

  • La ley 37/2007 sobre reutilización de la información en el sector público es muy desconocida, por lo que se recomienda definir una política activa de comunicación para informar de su contenido y sus beneficios
  • Resulta imposible o muy complicado identificar a las personas responsables de las tareas de reutilización de datos en las administraciones, por lo que se recomienda definir funciones y responsabilidades de forma explícita en cada administración.
  • Generalmente, los usuarios de los datos son PYMES heterogéneas sin relación sectorial unas con otras. Se recomienda promocionar reuniones sectoriales para promocionar las políticas de información pública.
  • Estos usuarios perciben que es complicado reutilizar información pública. Uno de los principales problemas detectados afecta a la usabilidad y la interoperabilidad de la información relacionada con la obtención, la carga y la estructuración de la información, así que se recomienda mejorar la interoperabilidad y proveer información en formatos reutilizables.
  • Hay dificultades muy importantes en relación a los términos de uso de la información del sector público, incluyendo la posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia, y en algunos casos la falta de definición de una clara política de precios públicos. Se recomienda, en este caso, promocionar el desarrollo de una política clara de precios públicos y la aplicación de las regulaciones en materia de reutilización de datos públicos.
  • Los esfuerzos para mejorar la conciencia sobre y la disponibilidad de los datos públicos han sido realizados por el sector público, y el Proyecto APORTA todavía se está moviendo hacia la promoción de estos aspectos. Este grupo quiere destacar la publicación de un catálogo de información pública en la página del proyecto aporta, aunque reconoce que queda mucho camino por recorrer en este campo.
  • Destacan también las mejores prácticas en materia de reutilización encontradas en el BOE y en el Catastro, que es el único organismo donde se incluye una referencia específica a la ley española sobre reutilización

Echo de menos en estas conclusiones a Open Data Euskadi y otros proyectos de reutilización de datos,  pero por las fechas del estudio es razonable que no aparezcan. De todas formas, sería muy interesante que estos informes se realizaran de forma periódica para visualizar si se están siguiendo las recomendaciones, si la administración está favoreciendo la publicación de datos de forma reutilizable y si el sector privado los recibe para generar valor y riqueza.

El informe español (PDF): http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/ea2009/es_final.pdf

El ejemplo de Open Data Euskadi

Open Data Euskadi

Open Data Euskadi

Esta semana está marcada por las filtraciones de El País y Europa Press sobre la futura Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública. Se ha especulado sobre el contenido del texto (no ha sido publicado todavía), sobre las diferencias entre las versiones del diario de Prisa y la agencia de noticias e incluso se han apuntado las razones para rechazarlo, aunque parece que no será hasta el viernes cuando tendremos más información si finalmente se publica.

Todo este debate debe servir para repasar la necesidad de disponer de los datos recopilados por las administraciones, y el modo en que deben publicarse. Como recuerdan en la web de proyecto aporta, se está trabajando en los siguientes aspectos:

  • Formatos de información interoperables y accesibles.
  • Sistema de licencias y tarifas limitado, equitativo y equiparado en toda la UE-27.
  • Fortalecimiento y desarrollo de la legislación europea sectorial.  
  • Liderazgo político e institucional decidido a favor de la reutilización.
  • Transformación cultural y tecnológica de las empresas.

En este tema, el Gobierno vasco está a la cabeza de España con su proyecto Open Data Euskadi,  presentado este año en el Tecnimap y que, “Genera valor, riqueza y transparencia, y facilitar la interoperabilidad entre administraciones“. En su sitio web describen qué es Open Data y orientan muy bien el modo en que quieren poner la información a disposición de los ciudadanos.

Ya en enero planteaban que había dos modelos de apertura de datos públicos:

El modelo de Kundra se centra en liberar conjuntos de datos, en cualquier formato que sea mínimamente estructurado,  mientras que el de Berners-Lee quiere contribuir a la web semántica. En el caso vasco, se ha salido “a la Obama” mientras tratan de evolucionar hacia el segundo modelo, más estructurado. Queda mucho por hacer, pero parece que se avanza en la dirección correcta.

Como en otras ocasiones, y aunque en general España está considerada como un país medianamente avanzado en administración electrónica, la tecnología y las nuevas políticas en relación a la tecnología no llegan a todos los organismos a la vez. El caso vasco es un ejemplo de lo que deberían estar haciendo ya todas las administraciones. Esperemos que esta ley, muy mejorada, pueda contribuir definitivamente a ello.

El gobierno presentará la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública

Open Data

Open Data

El País nos revela hoy que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, que debería entrar en vigor el próximo año. 

El Consejo de Europa aprobó en junio del año pasado el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales (PDF). En él se decía que “todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos“. 

En el mismo documento argumentaba a favor del acceso de los ciudadanos a los documentos públicos diciendo que “el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: proporciona una fuente de información para el público, ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas y fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad”

La propia Constitución española (en su artículo 105.b) ya recoge que la ley regulará “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas“.

El anteproyecto parece que no ha empezado su tramitación con buen pie, ya que irónicamente su desarrollo no ha sido público, y el anuncio de su presentación lo ha hecho un medio de comunicación y no el propio gobierno (podía haberlo hecho, por ejemplo, a través de su twitter @desdelamoncloa).

No conocemos el texto, pero si lo que avanza El País es cierto, podríamos comentar los siguientes puntos:

  • No es un texto original, sino que sigue lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa. No esperaremos, por lo tanto, iniciativas en favor del Gobierno abierto más allá de lo que el Consejo ha estimado oportuno.
  • No es garantista, ya que aunque se aplica el silencio positivo (a favor del ciudadano) en su petición de datos a los poderes públicos, el ciudadano debe reclamar a la Agencia de Protección de datos, que podrá no responder sin consecuencias.
  • Las resoluciones de la APD no afectarán a las administraciones autonómicas o locales.
  • La ley no está pensada para Internet. Parece que sólo se insta a las administraciones a publicar los datos más relevantes para los ciudadanos (temible subjetividad) “preferentemente por medios electrónicos“.
  • No se obliga a las administraciones a ser transparentes porque no se obliga a la publicación electrónica y en formatos abiertos y reutilizables de toda la información pública que no esté sujeta a restricciones.
  • Es restrictiva. Como es lógico, la apertura no afecta a la información relativa a seguridad, política exterior y defensa, o protección de la intimidad, pero también se excluye lo relativo al Parlamento o a los tribunales.

En definitiva, parece que de momento el texto no hará que las administraciones sean todo lo transparentes que la técnica y la lógica les permiten ser, y para serlo deberían empezar mostrándonos el anteproyecto para conocerlo de primera mano.

Gobierno abierto

Gobierno abierto

Gobierno abierto

El País ha publicado un interesante reportaje sobre los movimientos de las administraciones en relación a la apertura de los datos que poseen para ponerlos a disposición de los ciudadanos (artículo al que he llegado vía Netoratón).

Cada vez son más las administraciones en el mundo que se orientan hacia una forma distinta de hacer las cosas, utilizando los recursos que la tecnología pone a disposición de ciudadanos e instituciones. Hace tiempo hablábamos de gobierno 2.0 y democracia 2.0, y este artículo vuelve a hacernos reflexionar sobre el tema. ¿Cuántas cosas se hacen como se hacen porque nunca ha habido otra posibilidad?

Las administraciones han recabado y utilizado nuestros datos para gestionar los asuntos públicos. No ha sido hasta el momento en que internet ha tenido una penetración importante en los hogares cuando se ha planteado la posibilidad de que esas administraciones nos enseñen los datos, las cuentas o el estado de los proyectos que desarrollan con nuestro dinero.

Barak Obama ha dado un impulso fundamental a lo que conocemos como Gobierno abierto, y tanto Estados Unidos como el Reino Unido han puesto a disposición de los ciudadanos miles de datos públicos a través de unos portales dedicados a esa labor. En el Reino Unido, por ejemplo, se puede conocer el destino que se ha dado a los impuestos pagados por cada contribuyente.

Se abre el debate, por lo tanto, de qué datos pueden hacerse públicos y cuales debe guardar celosamente la administración. Es evidente que los que tengan influencia en la seguridad del estado o lo que, por su naturaleza, sean datos privados de los ciudadanos, no deberían airearse. Por otra parte, el destino del dinero ingresado por el estado parece un buen candidato a hacerse público: ¿Cuánto dinero se ha gastado en educación (en qué colegios, en qué material, en qué profesores)?, ¿Cuánto se ha gastado en comedores sociales?, ¿Cuánto en infraestructuras (en cuáles, a quién se ha pagado)? También el progreso de cada proyecto parece interesante publicarlo. Todos podríamos ver los retrasos en las obras, cómo se encarecen y por tanto cómo se están gestionando.

Entre los datos evidentemente privados y los evidentemente públicos se abre un espacio de debate. En otros países es público el importe que cada ciudadano declara a hacienda. ¿Debe serlo también aquí? ¿Es privado lo que un contribuyente aporta al sostenimiento del Estado? ¿A quién perjudicaría o beneficiaría hacer pública esta información?

Como se dice en el artículo, el gobierno abierto está basado en tres pilares: transparencia, participación y colaboración. La publicación de los datos que los gobiernos poseen permitiría auditar su labor y evitar el fraude, tanto del propio gobierno como de los ciudadanos que quieren, por ejemplo, “suavizar” sus obligaciones tributarias.

Las empresas empiezan a comprender la importancia del social media y a través de sus community managers o figuras equivalentes, están abriéndose a sus clientes para permitir una relación bidireccional muy provechosa en ambos sentidos. La administración debe potenciar también esos canales para hacer la democracia más participativa. Al fin y al cabo nuestra democracia es el peor sistema del mundo a excepción de todos los demás. Quiere esto decir que está muy lejos de ser perfecto, pero no tenemos (teníamos?) otro mejor. La posiblidad de realizar propuestas, participar en debates o lanzar alertas tempranas ante posibles problemas mejora la calidad de nuestra democracia en el sentido etimológico de la palabra, evitando la perversa y antigua partitocracia.

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