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Manifiesto por una Red Neutral

(Si te sientes cómodo y representado por este texto, dale toda la difusión que puedas y quieras: reprodúcelo, enlázalo, tradúcelo, compártelo, vótalo… todas esas cosas que puedes hacer con total tranquilidad y libertad gracias, precisamente, al hecho de que tenemos todavía una red neutral. Hagamos posible el seguir teniéndola)

Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto MANIFESTAMOS:

  1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
  2. Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
  3. Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
  4. Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
  5. Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
  6. Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
  7. Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
  8. Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
  9. Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
  10. Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
  11. Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.

La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.

Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.

El estudio sobre la reutilización de datos públicos en España

El estudio está impulsado por la Comsión Europea

El estudio está impulsado por la Comsión Europea

Los caminos de la información en el siglo XXI son claramente diferentes. Buceando en twitter mediante el hashtag #opendata, me entero a través de una usuaria holandesa (@avancampen) de la publicación por parte de la Unión Europea de un estudio acerca de la reutilización de datos del sector público y los posibles acuerdos exclusivos.

La directiva europea sobre datos públicos prohíbe la existencia de acuerdos exclusivos en esta materia (salvo en los casos imprescindibles, debidamente justificados y auditados) y para garantizar la inexistencia de estos acuerdos, a finales del año pasado la Comisión Europea lanzó una iniciativa que debía recoger información en el mercado de datos del sector público, tanto por la parte pública que los ofrece, como por la privada que los demanda.

La primera fase de este proyecto estudió un conjunto de países de la Unión entre los que se encontraba España. Cada país ha presentado un informe final, que en el caso español ha sido elaborado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid coordinado por Rodrigo Sánchez Jiménez.

El estudio se llevó a cabo entre principios de diciembre de 2009 y finales de marzo de 2010, y para elaborarlo se agruparon los datos públicos en seis dominios principales, por actividad:

  • Información económica y de negocio (de las cámaras de comercio, de registros oficiales, de patentes ,etc.)
  • Información geográfica (direcciones, fotos aéreas, catastro, etc.)
  • Información legal (sentencias judiciales, legislación, etc.)
  • Información meteorológica
  • Datos sociales (estadísticas de empleo, datos de salud, demografía, etc.)
  • Información de transportes (información de tráfico, registro de vehículos, etc.)

Una vez identificados los datos, se enviaron cuestionarios a administraciones públicas y reutilizadores de datos dentro del sector privado en cada uno de estos dominios, con respuestas dispares. Por la parte pública respondieron aproximadamente la mitad de los encuestados, pero por la privada tan solo el 10% envió o repondió a estos cuestionarios.

Aún así, con la información obtenida y la información previa consultada, el grupo llega a conclusiones muy interesantes:

  • La ley 37/2007 sobre reutilización de la información en el sector público es muy desconocida, por lo que se recomienda definir una política activa de comunicación para informar de su contenido y sus beneficios
  • Resulta imposible o muy complicado identificar a las personas responsables de las tareas de reutilización de datos en las administraciones, por lo que se recomienda definir funciones y responsabilidades de forma explícita en cada administración.
  • Generalmente, los usuarios de los datos son PYMES heterogéneas sin relación sectorial unas con otras. Se recomienda promocionar reuniones sectoriales para promocionar las políticas de información pública.
  • Estos usuarios perciben que es complicado reutilizar información pública. Uno de los principales problemas detectados afecta a la usabilidad y la interoperabilidad de la información relacionada con la obtención, la carga y la estructuración de la información, así que se recomienda mejorar la interoperabilidad y proveer información en formatos reutilizables.
  • Hay dificultades muy importantes en relación a los términos de uso de la información del sector público, incluyendo la posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia, y en algunos casos la falta de definición de una clara política de precios públicos. Se recomienda, en este caso, promocionar el desarrollo de una política clara de precios públicos y la aplicación de las regulaciones en materia de reutilización de datos públicos.
  • Los esfuerzos para mejorar la conciencia sobre y la disponibilidad de los datos públicos han sido realizados por el sector público, y el Proyecto APORTA todavía se está moviendo hacia la promoción de estos aspectos. Este grupo quiere destacar la publicación de un catálogo de información pública en la página del proyecto aporta, aunque reconoce que queda mucho camino por recorrer en este campo.
  • Destacan también las mejores prácticas en materia de reutilización encontradas en el BOE y en el Catastro, que es el único organismo donde se incluye una referencia específica a la ley española sobre reutilización

Echo de menos en estas conclusiones a Open Data Euskadi y otros proyectos de reutilización de datos,  pero por las fechas del estudio es razonable que no aparezcan. De todas formas, sería muy interesante que estos informes se realizaran de forma periódica para visualizar si se están siguiendo las recomendaciones, si la administración está favoreciendo la publicación de datos de forma reutilizable y si el sector privado los recibe para generar valor y riqueza.

El informe español (PDF): http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/ea2009/es_final.pdf

El ejemplo de Open Data Euskadi

Open Data Euskadi

Open Data Euskadi

Esta semana está marcada por las filtraciones de El País y Europa Press sobre la futura Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública. Se ha especulado sobre el contenido del texto (no ha sido publicado todavía), sobre las diferencias entre las versiones del diario de Prisa y la agencia de noticias e incluso se han apuntado las razones para rechazarlo, aunque parece que no será hasta el viernes cuando tendremos más información si finalmente se publica.

Todo este debate debe servir para repasar la necesidad de disponer de los datos recopilados por las administraciones, y el modo en que deben publicarse. Como recuerdan en la web de proyecto aporta, se está trabajando en los siguientes aspectos:

  • Formatos de información interoperables y accesibles.
  • Sistema de licencias y tarifas limitado, equitativo y equiparado en toda la UE-27.
  • Fortalecimiento y desarrollo de la legislación europea sectorial.  
  • Liderazgo político e institucional decidido a favor de la reutilización.
  • Transformación cultural y tecnológica de las empresas.

En este tema, el Gobierno vasco está a la cabeza de España con su proyecto Open Data Euskadi,  presentado este año en el Tecnimap y que, “Genera valor, riqueza y transparencia, y facilitar la interoperabilidad entre administraciones“. En su sitio web describen qué es Open Data y orientan muy bien el modo en que quieren poner la información a disposición de los ciudadanos.

Ya en enero planteaban que había dos modelos de apertura de datos públicos:

El modelo de Kundra se centra en liberar conjuntos de datos, en cualquier formato que sea mínimamente estructurado,  mientras que el de Berners-Lee quiere contribuir a la web semántica. En el caso vasco, se ha salido “a la Obama” mientras tratan de evolucionar hacia el segundo modelo, más estructurado. Queda mucho por hacer, pero parece que se avanza en la dirección correcta.

Como en otras ocasiones, y aunque en general España está considerada como un país medianamente avanzado en administración electrónica, la tecnología y las nuevas políticas en relación a la tecnología no llegan a todos los organismos a la vez. El caso vasco es un ejemplo de lo que deberían estar haciendo ya todas las administraciones. Esperemos que esta ley, muy mejorada, pueda contribuir definitivamente a ello.

El gobierno presentará la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública

Open Data

Open Data

El País nos revela hoy que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, que debería entrar en vigor el próximo año. 

El Consejo de Europa aprobó en junio del año pasado el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales (PDF). En él se decía que “todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos“. 

En el mismo documento argumentaba a favor del acceso de los ciudadanos a los documentos públicos diciendo que “el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: proporciona una fuente de información para el público, ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas y fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad”

La propia Constitución española (en su artículo 105.b) ya recoge que la ley regulará “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas“.

El anteproyecto parece que no ha empezado su tramitación con buen pie, ya que irónicamente su desarrollo no ha sido público, y el anuncio de su presentación lo ha hecho un medio de comunicación y no el propio gobierno (podía haberlo hecho, por ejemplo, a través de su twitter @desdelamoncloa).

No conocemos el texto, pero si lo que avanza El País es cierto, podríamos comentar los siguientes puntos:

  • No es un texto original, sino que sigue lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa. No esperaremos, por lo tanto, iniciativas en favor del Gobierno abierto más allá de lo que el Consejo ha estimado oportuno.
  • No es garantista, ya que aunque se aplica el silencio positivo (a favor del ciudadano) en su petición de datos a los poderes públicos, el ciudadano debe reclamar a la Agencia de Protección de datos, que podrá no responder sin consecuencias.
  • Las resoluciones de la APD no afectarán a las administraciones autonómicas o locales.
  • La ley no está pensada para Internet. Parece que sólo se insta a las administraciones a publicar los datos más relevantes para los ciudadanos (temible subjetividad) “preferentemente por medios electrónicos“.
  • No se obliga a las administraciones a ser transparentes porque no se obliga a la publicación electrónica y en formatos abiertos y reutilizables de toda la información pública que no esté sujeta a restricciones.
  • Es restrictiva. Como es lógico, la apertura no afecta a la información relativa a seguridad, política exterior y defensa, o protección de la intimidad, pero también se excluye lo relativo al Parlamento o a los tribunales.

En definitiva, parece que de momento el texto no hará que las administraciones sean todo lo transparentes que la técnica y la lógica les permiten ser, y para serlo deberían empezar mostrándonos el anteproyecto para conocerlo de primera mano.

Preocupantes cifras de intrusismo profesional

Logotipo de ALI

Logotipo de ALI

Hoy hemos conocido el informe anual sobre el mercado laboral en Informática que realiza la Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática (ALI). Este informe analiza las ofertas de empleo publicadas en los principales diarios españoles y revistas especializadas para determinar la cantidad y la calidad de estas ofertas.

La falta de regulación legal de las competencias que los Ingenieros e Ingenieros Técnicos tienen por la ley 12/86 (PDF), discriminados injustificadamente frente al resto de ingenieros, y que ha llevado a estudiantes y profesionales a varias huelgas, provoca que se cubran puestos especializados por personas sin la titulación ni la cualificación adecuadas y que el resultado del trabajo sea de menor calidad y exento de las necesarias garantías, en un sector clave para el desarrollo económico.

A pesar de que ALI observa que “las compañías de desarrollo de proyectos y productos software están iniciando un cambio de tendencia, hacia una mayor profesionalización con Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática en los puestos de mayor responsabilidad”, las cifras de puestos especializados para los que no se requiere ninguna titulación, o se admite cualquier titulación de grado equivalente, siguen siendo extraordinariamente elevadas.

En el año 2009, un 51% de las ofertas para cubrir un puesto de Jefe de Proyecto de un área de desarrollo no requerían una titulación de informática y supusieron el 16,9% de las ofertas del sector. En cuanto a los Analistas de Sistemas o Funcionales, la demanda ha bajado notablemente (un 82%), seguramente influída por la crisis. Sin embargo, en este puesto clave del desarrollo de un producto software, los trabajos ofertados ya requerían titulación específica en un 74% de los casos, frente a un 55,9% del año anterior (eso sí, con mucha más demanda).

En cuanto a los programadores, trabajo que debería estar ocupado mayoritariamente por profesionales provenientes de la Formación Profesional, se observa que es el puesto (junto con el de Consultor en informática) donde más intrusismo aparece, al no solicitarse ninguna titulación para ocuparlos.

En el caso particular de las Administraciones Públicas, “se han cerrado a si mismas las puertas a la contratación de Ingenieros e Ingenieros en Informática por no reconocer legalmente su profesión, lo que les impide su contratación como tales ingenieros“. Esta situación les impide “exigir las responsabilidades civiles y penales que como Ingenieros o Ingenieros Técnicos en Informática les corresponden en el desempeño de los puestos para los que son contratados“.

Esto último supone un grave problema de seguridad para los sistemas informáticos de las infraestructuras críticas del Estado, ya que tanto en su diseño como en su implantación y posterior mantenimiento, debería contar con la garantía de un profesional cualificado.

España es un país que necesita un cambio de modelo productivo. Es necesario dejar atrás un modelo basado principalmente en la construcción y el turismo, y para ello es necesario apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación. Es necesario impulsar las nuevas tecnologías, la modernización de todos los servicios (muy especialmente los servicios públicos), y para ello es necesario formar, reconocer, retener y dejar trabajar a los profesionales.

No se concibe la asunción de responsabilidades de otros ámbitos por parte de personas sin la debida acreditación (arquitectura, medicina, ingeniería de caminos o ingeniería industrial, por poner algunos ejemplos), cuando el sector informático está presente de un modo fundamental en sectores estratégicos (energía, salud, banca, adminstraciones públicas), y los fallos en sus sistemas conllevan graves consecuencias.

Esperemos que tanto las empresas como las Administraciones Públicas (y muy especialmente el gobierno) tomen conciencia de estas circunstancias y el año que viene podamos celebrar un nuevo e importante paso en la profesionalización del sector de la informática en España.

Futuro, propiedad intelectual y administración electrónica

Vinton Cerf

Vinton Cerf

Vinton Cerf, considerado uno de los padres de internet por trabajar en el desarrollo de los protocolos de comunicaciones que hicieron posible la Red, ha escrito el prólogo de “Todo va a cambiar”, el libro que acaba de publicar Enrique Dans.

En este prólogo, el actual vicepresidente de Google, y presidente del ICANN, reflexiona sobre la futura interconexión de varias de las nubes que conocemos y con las que empezamos a trabajar mediante cloud computing. La nube de Google, que nos permite tener entre otros servicios, hojas de cálculo on-line y el correo de gmail de forma totalmente deslocalizada, las nube de Microsoft o de Amazon deberían en el futuro poder interconectarse, tal y como se conectaron distintas organizaciones en los albores de internet, produciendo una sinergia tal que cambió para siempre la forma en que la humanidad se comunicaba.

La incorporación a las redes de datos de la telefonía móvil, los retos para la publicidad on-line o la gestión y publicación de contenidos en la red son también objeto de reflexión para Certf, que da la razón al subtítulo del libro: “adaptarse o desaparecer”.

Es precisamente este subtítulo el que me provoca dos pensamientos rápidos: uno por la actualidad y otro por la profesión.

Respecto a la actualidad, y teniendo en cuenta las últimas novedades legislativas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, solo puedo reafirmarme en la opinión de que el mercado de los contenidos en Internet debe encontrar un nuevo modelo de negocio. Las empresas relacionadas están cláramente buscando la tecla que les permita relacionarse de un modo amistoso con sus clientes y obtener un rédito económico importante. Unos periódicos buscan modelos de pago por contenidos mediante sistemas de valor añadido, mejorando la disponibilidad de la información en todos los soportes imaginables, la ausencia de publicidad en versiones de pago, etc. Otros diarios apuestan por continuar la política de información gratuíta y abierta, a cambio de publicidad, y siguen investigando en el mejor modo de centrar el target para enviar a cada usuario la publicidad que pueda ser más efectiva. Algunas editoriales (pocas) ya disponen de una colección de títulos disponibles para e-book a un precio razonable, aunque la mayoría han aprovechado para incrementar significativamente sus márgenes, vendiendo al mismo precio el libro en papel (con sus gastos de impresión, distribución, venta en tienda física, etc.) que el electrónico, cuya copia tiene coste cero.

Por otro lado tenemos a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, desastrosamente asesoradas, decididas a poner puertas al campo, a mear contra el viento y a continuar con su arcaico modelo de negocio, basado en remuneración por copia, ignorando la revolución que internet ha traído, donde la copia no vale absolutamente nada. Estas entidades, como dice Enrique, deben “adaptarse o desaparecer”. O encuentran una forma de defender sus derechos que no implique saltarse a los jueces e insultar a sus clientes, o no les quedará negocio que defender.

En lo profesional, cada vez que leo a un gurú hablando de las últimas novedades, o intuyendo hacia dónde se mueve la tecnología o los servicios más punteros, no dejo de pensar que la administración circula en el vagón de cola de esta tecnología. Corrijo. Algunas administraciones ni siquiera viajan en el tren, pero las que lo hacen, lo hacen en el vagón de cola, que sufre las embestidas más fuertes en cada curva y está menos preparado que quienes lideran el convoy.

La administración es ajena a las tendencias en la web, utiliza estándares antiguos, desarrolla servicios obsoletos y no se deja asesorar por quienes pueden hacerle avanzar varios puestos en la carrera por la interacción personal y amistosa con los ciudadanos.

Es cierto que cada paso, cada servico puesto a disposición de todos, se percibe como un éxito y provoca que cada vez más personas apuesten por la tecnología en la administración, convenciendo a los más contrarios o desconfiados, y dando razones para acercarse a ella a quienes nunca pensaron que lo harían.

Más políticos con perfiles o conocimientos técnicos permitirían dar un impulso real a la I+D+i (¡innovación!) española, y desarrollar una administración realmente cercana a los ciudadanos.

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

Manifiesto

Manifiesto

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la “Ley de Economía Sostenible”, que incluye la conocida como “Ley Sinde”, que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días.

Según esta ley, será una comisión delegada del Ministerio de Cultura (poder ejecutivo) la que decida si una web vulnera los derechos de propiedad intelectual de un tercero, hurtando a los jueces (poder judicial) de su labor en la determinación de quién está infringiendo las leyes.

Además, aunque la justicia insiste en que tanto las redes P2P como las páginas de enlaces son perfectamente legales, el Ministerio de Cultura pretende criminalizarlas, pudiendo llegar al absurdo de solicitar a las operadoras españolas que impidan el acceso de los internautas a Google porque enlaza constantemente a contenido protegido por derechos de autor.

Ante la elevación a derecho fundamental de la propiedad intelectual, la habilitación de una vía especial y más rápida para tramitar los asuntos que afecten a las entidades de gestión de derechos, pero sobre todo, ante el hurto a los jueces de sus funciones constitucionales, y la asunción de las mismas por parte de una comisión administrativa, quiero sumarme al “Manifiesto en defensa de los derechos fundamental en Internet”, que dice así:

Ante la inclusión en el Proyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Imagen: Eneko/20minutos.es

Aprobados los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Seguridad define parámetros de seguridad a las AAPP

El Esquema Nacional de Seguridad define parámetros de seguridad a las AAPP

El inicio del nuevo año nos ha traído las esperadas normas que regulan los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. Estos Reales Decretos constituyen un paso muy importante en el desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos de 2007 (Ley 11/2007 o LAECSP).

Según se indica en la web de la Moncloa, “Estos Esquemas establecen los requisitos mínimos que cada Administración deberá aplicar para poder ofrecer al ciudadano un servicio unificado. Es decir, un ciudadano podrá realizar su gestión sin necesidad de conocer la administración competente.”

El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene como misión establecer “las condiciones necesarias para asegurar un adecuado nivel de interacción tecnológica entre administraciones”. Para ello, establece una serie de criterios y recomendaciones tecnológicas a las distintas Administraciones Públicas.

Por su parte, el Esquema Nacional de Seguridad “supone los principios básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de la información a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, de los datos, de las comunicaciones y de los servicios electrónicos”. Este esquema define, entre otras cosas, la metodología para afrontar la respuesta a incidentes que afecten a la seguridad así como la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos.

Por otra parte, he leído en Unblogenred que se ha firmado un acuerdo para promover el uso del software libre en las Administraciones Locales. Es una buena noticia que busca “poder trasladar a las administraciones locales los beneficios que el uso de tecnologías libres y de fuentes abiertas les pueden aportar en lo referente a la liberación de aplicaciones, el uso y la compartición de las mismas”, en palabras de Miguel Jaque, Director Gerente de CENATIC.

Publicado el R.D. que desarrolla la ley 11/2007

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado

Este miércoles se publicó en el BOE, y por tanto ayer entró en vigor, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Esta norma, largamente esperada, llega tan solo un mes antes de que finalice el plazo de la Administración General del Estado para haber puesto todos sus trámites administrativos a disposición de los ciudadanos a través de Internet.

El mes pasado, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que expresaba que:

El proyecto de Real Decreto es adecuado a la consecución de su objetivo y merece una valoración global positiva al hacer posible el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, facilitando el ejercicio de sus derechos y favoreciendo la modernización, transparencia y rapidez en la actuación administrativa.

Este R.D. merece un estudio detallado pero leemos ya en su preámbulo que la norma pretende ser “ese complemento necesario en la Administración General del Estado para facilitar la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007″. Además, considera como principios estratégicos:

  • Procurar la más plena realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007
  • Establecer un marco flexible en la implantación de los medios de comunicación (para evitar imposiciones de comunicacióna los ciudadanos, facilitar la actividad de implantación y adaptación a las distintas organizaciones, funciones y procedimientos e impedir que se dificulte la incorporación de nuevas soluciones y servicios)

El propio Real Decreto reconoce, de todas maneras, que en este puzle normativo faltan todavía dos piezas fundamentales:

  • Esquema Nacional de Interoperabilidad, encargado de establecer los criterios comunes de gestión de la información que permitan compartir soluciones e información
  • Esquema Nacional de Seguridad, que deberá establecer los criterios y niveles de seguridad necesarios para los procesos de tratamiento de la información que prevé el propio real decreto.

A lo largo de todo el texto son numerosas las referencias a estos dos esquemas a los que ya nos hemos referido en alguna ocasión y que vendrán a completar el conjunto normativo planteado para regular la administración electrónica en España.

La norma se desarrolla en seis títulos:

  • TÍTULO I: Disposiciones generales
  • TÍTULO II: Sedes electrónicas y punto de acceso general a la Administración General del Estado
  • TÍTULO III: Identificación y autenticación
  • TÍTULO IV: Registros electrónicos
  • TÍTULO V: De las comunicaciones y las notificaciones
  • TÍTULO VI: Los documentos electrónicos y sus copias

Merecen mención aparte los plazos marcados por el R.D. en sus disposiciones finales, que cuentan a partir de ayer y que repasamos a continuación:

  • 3 meses (19 de febrero de 2010): el Ministro de la Presidencia dictará las disposiciones necesarias para la constitución del punto de acceso general de la Administración General del Estado.
  • 4 meses (19 de marzo de 2010): Adaptación de los puntos de acceso electrónico pertenecientes a la AGE o sus organismos púlicos dependientes o vinculados.
  • 6 meses (19 de mayo de 2010): Ajuste a lo dispuesto en el R.D. de los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley 11/2007 afectados por el apartado 2 de la disposición transitoria única de la citada ley.

Esta norma es de obligado estudio para quienes trabajamos en las áreas tecnológicas y de procedimientos dentro de las Administraciones Públicas, y más si cabe, para quienes lo hacemos en la Administración General del Estado, ya que el texto, en este caso, no aplica a las administraciones regionales o locales.

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