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El PP se posiciona

Partido Popular

Partido Popular

El Partido Popular ha hecho pública su postura apostando por la transparencia y la libertad de expresión en internet. Esteban González Pons ha presentado el borrador de un documento que es el resultado de una jornada sobre Nuevas Tecnologías celebrada en Valencia. El documento (PDF) pretende ser “una declaración de los derechos que el PP defiende en Internet“, y se organiza en los siguientes puntos:

  1. Transparencia
  2. Libertad de expresión
  3. Derechos de autor y canon
  4. Más democracia a través de la red
  5. Derecho de acceso universal a internet
  6. Tarifa plana
  7. Internet seguro y libre para todos
  8. Protección y seguridad en las comunicaciones electrónicas
  9. Derecho a la dignidad y a la reputación en internet

Además, González Pons ha hecho unas declaraciones asegurando que los datos de las Administraciones Públicas deben ponerse a disposición de los ciudadanos y que estos datos deben residir en España.

Creo que la presentación de este manifiesto es un gran paso para ordenar la posición de cada uno en el debate sobre hacia dónde camina la Administración Pública y hacia donde debe orientarse la legislación que regula las nuevas formas de comunicación.

En cuanto a la transparencia, el documento habla explícitamente de un “Gobierno Abierto”, lo que supone un espaldarazo muy importante para todas las iniciativas en marcha y pendientes que pretenden abrir  la administración para acercarla al ciudadano y abrir el gobierno para permitir la participación de todos.

El Partido Popular vuelve a posicionarse en contra del canon digital, por indiscriminado e injusto, y plantea lo que hemos dicho en innumerables ocasiones: es necesario replantearse completamente el concepto de propiedad intelectual y buscar nuevos modelos de negocio. Añado que es de vital importancia favorecer el diálogo entre los “creadores” (¿no lo somos todos?) y quienes consumen o disfrutan de sus creaciones evitando crear una situación de bandos cerrados y posturas irreconciliables tan frecuentes entre nosotros. La democratización en la distribución de la cultura nos plantea un escenario completamente nuevo que debemos estudiar entre todos.

Cuando se refiere a la liberta de expresión, habla, sin mencionarla, de la rechazada Ley Sinde. Recuerda algo que no debería haberse olvidado, y es que “la decisión de cierre de una página web deberá ser siempre adoptada por la autoridad judicial competente“. Añadiría, para que no quedase la más mínima sombra de duda por la interpretación que podemos dar de las palabras, que la creación de comisiones administrativas que vigilen las publicaciones de los ciudadanos y traten de impedir la difusión de contenidos constituye una forma de censura intolerable en un Estado de Derecho.

En el punto de la tarifa plana aborda la cuestión de las redes móviles para pedir que se incentive “la inversión en el despliegue de redes banda ancha de nueva generación“, algo a lo que las operadoras ya están obligadas por los términos de la concesión de sus licencias, y que no estaría de más recordarles. Es importante destacar en este punto que las redes móviles no son distintas a las redes fijas y que por lo tanto sus normas deberían ser las mismas.

En cuanto a la presencia de los datos personales en servidores ubicados en España, hay que recordar que la ubicación y custodia de los datos es probablemente la cuestión que más está retrasando la definición de las administraciones electrónicas bajo el concepto del Cloud Computing. Y es normal que sea así. Dice González Pons que ”un país cuyos datos se encuentran en el extranjero no será dueño de su propia soberanía“, y estoy de acuerdo. Y por eso hay que buscar las fórmulas que permitan adoptar los mejores sistemas sin renunciar a la custodia de los datos. Por ejemplo:

  • Creando nubes privadas de la Administración, alimentando e interconectando redes como Sara, Nerea, etc.
  • Promocionando sistemas mixtos, de servicios en la nube con los datos en servidores nacionales con la debidamente custodiada y cifrada
  • Instando a los proveedores de servicios a desarrollar sistemas de fácil interconexión con los respositorios de datos personales de la Administración

Finalmente, me gustaría comentar una destacada ausencia en el manifiesto, que por evidente no puede ser casual. Quiero pensar que no se ha incorporado un punto específico de defensa de la neutralidad en la Red porque al ser un borrador, ese punto está en proceso de redacción.

Realmente, de la neutralidad de la red depende todo lo demás, y sin neutralidad no puede haber democracia. Una red en la que los proveedores deciden qué servicios favorecen, qué orígenes o qué destinos de las comunicaciones se pueden alcanzar o son vetados, no es una red de comunicaciones sino un espacio privado administrado por las operadoras en el que no se puede desarrollar la innovación o ejercer los derechos fundamentales recogidos por la legislación internacional.

Tan importante es este punto, que aquí se ha hablado largo y tendido, comentado los ataques recibidos, las apuestas de la UE o apoyando los manifiestos que reclamaban el mantenimiento de internet como una red neutral.

El manifiesto del Partido Popular me parece un estupendo punto de partida y un posicionamiento firme y claro. En cuanto se le incorpore el punto de la neutralidad será un excelente inicio. A partir de aquí, debe iniciarse un proceso para llevar al parlamento las iniciativas que deriven de esta posición, para favorecer la apertura de datos, la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la protección de la información.

Wikileaks no es Open Government

Wikileaks

Logotipo de WikiLeaks

La extraodinaria filtración de wikileaks publicada en cinco diarios internacionales (entre ellos El País) consistente en 250.000 documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos ha abierto el debate sobre el límite de la transparencia en la administración.

En #oGov se ha ha hecho un resumen sobre las posturas que se están planteando. Unos ven una oportunidad para el Open Government y otros creen que se están traspasando los limites.

En este caso, tengo que coincidir con Andrés Nin, que pleantea que los funcionarios públicos, que son quienes tienen acceso a la información de los gobiernos y que por tanto son quienes pueden filtrarla, tienen el deber de guardar a buen recaudo la información secreta del Estado. Sólo en los casos en los que la información revela un incumplimiento de la legalidad estaría justificada la revelación de ese secreto, pero únicamente a las autoridades judiciales competentes.

Los países tienen sus secretos y así debe ser. Los gobiernos tienen sus estrategias, sus conversaciones, sus temores e inquietudes. Y esa información no tiene que ser pública. Si nuestro correo es inviolable por una cuestión constitucional, cuánta más protección requerirá el correo de quien puede poner en peligro la vida de militares, espías, policías o cualquier otro ciudadano.

La apertura de datos públicos y la participación de los ciudadanos en el gobierno no puede mezclarse con la traición de militares que roban información secreta de su país y la ponen a disposición de todo el mundo, incluyendo sus enemigos porque el gobierno abierto no debe comprometer la seguridad nacional.

Esta apertura y esta participación debe pedirse desde la sociedad civil y ofrecerse desde las administraciones públicas, estudiando el mejor modo de servir a los ciudadanos.

Dudas o visiones sobre Open Data

Ellen Miller, de la Sunlight Foundation

Ellen Miller, de la Sunlight Foundation

Se ha publicado en Euskadi+innova una noticia sobre las dudas que supuestamente están apareciendo sobre los efectos democráticos derivados del open data.

Ellen Miller, de la Sunlight Foundation, promotora de la transparencia gubernamental, ha comentado que no se está viendo que se estén poniendo a disposición de los ciudadanos los tipos de datos que se habían prometido, y sobre el trabajo de organismo como el suyo dice que  ”se está trabajando en dos lados: ayudando y estimulando a las entidades a publicar datos, y ayudando al gobierno a comprometerse con los ciudadanos para co-crear gobierno“. Pero va un poco más allá y señala que la transparencia de los datos “no es suficiente. Se necesita exactitud, pertinencia y calidad en los datos.

Desde luego que no puedo estar más de acuerdo con Miller en este punto. Si únicamente nos dedicamos a poner a disposición del ciudadano la versión digitalizada de legajos con listados de información inexacta o irrelevante, los objetivos del open data se alejarán por sobredosis de datos y carencia de verdadera información.

Sin embargo, algunos como Gunnar Hellekson, del Red Hat’s US Public Sector group,  opinan que no es razonable pedir perfección a la “mayor y más compleja organización del mundo“: la administración pública. Por lo tanto, si queremos un cambio, deberemos asumir los riesgos y las imperfecciones. También estoy de acuerdo con él.

Creo que el CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, acierta plenamente cuando dice que “si todo el mundo anduviese desnudo, todos iríamos al gimnasio más a menudo”. Y esa es una de las grandes ventajas del Open Data, que el escrutinio público obliga a las administraciones a mejorar, porque sus fallos y sus carencias enseguida se ven, se señalan y se denuncian.

Por lo tanto, y a pesar de que a veces estas visiones parecen enfrentadas, personalmente me parece que se complementan y son enriquecedoras. Por un lado se pide transparencia. Se pide ahora, no cuando se arreglen todas las carencias y se organicen todos los registros. Por otro lado se pide calidad y exactitud, con lo que en paralelo a la publicación debe trabajarse en la mejora de esos registros para mejorar la administración y para mejorar el modo en que su información puede ser utilizada en proyectos innovadores.

Los datos públicos relacionan administración, ciudadanía y empresa de una forma desconocida hasta ahora, evitando que la innovación en el sector tenga que venir de la propia administración, única utilizadora de sus datos hasta este momento. Con su liberación, además de la transparencia y la obligación de mejora de los procedimientos (aunque sólo sea por vergüenza torera), aparecen usos inesperados, innovadores que pueden mejorar significativamente la relación ciudadano-administración.

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