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Aprobados los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Seguridad define parámetros de seguridad a las AAPP

El Esquema Nacional de Seguridad define parámetros de seguridad a las AAPP

El inicio del nuevo año nos ha traído las esperadas normas que regulan los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. Estos Reales Decretos constituyen un paso muy importante en el desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos de 2007 (Ley 11/2007 o LAECSP).

Según se indica en la web de la Moncloa, «Estos Esquemas establecen los requisitos mínimos que cada Administración deberá aplicar para poder ofrecer al ciudadano un servicio unificado. Es decir, un ciudadano podrá realizar su gestión sin necesidad de conocer la administración competente.»

El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene como misión establecer «las condiciones necesarias para asegurar un adecuado nivel de interacción tecnológica entre administraciones». Para ello, establece una serie de criterios y recomendaciones tecnológicas a las distintas Administraciones Públicas.

Por su parte, el Esquema Nacional de Seguridad «supone los principios básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de la información a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, de los datos, de las comunicaciones y de los servicios electrónicos». Este esquema define, entre otras cosas, la metodología para afrontar la respuesta a incidentes que afecten a la seguridad así como la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos.

Por otra parte, he leído en Unblogenred que se ha firmado un acuerdo para promover el uso del software libre en las Administraciones Locales. Es una buena noticia que busca «poder trasladar a las administraciones locales los beneficios que el uso de tecnologías libres y de fuentes abiertas les pueden aportar en lo referente a la liberación de aplicaciones, el uso y la compartición de las mismas”, en palabras de Miguel Jaque, Director Gerente de CENATIC.

Publicado el R.D. que desarrolla la ley 11/2007

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado

Este miércoles se publicó en el BOE, y por tanto ayer entró en vigor, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Esta norma, largamente esperada, llega tan solo un mes antes de que finalice el plazo de la Administración General del Estado para haber puesto todos sus trámites administrativos a disposición de los ciudadanos a través de Internet.

El mes pasado, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que expresaba que:

El proyecto de Real Decreto es adecuado a la consecución de su objetivo y merece una valoración global positiva al hacer posible el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, facilitando el ejercicio de sus derechos y favoreciendo la modernización, transparencia y rapidez en la actuación administrativa.

Este R.D. merece un estudio detallado pero leemos ya en su preámbulo que la norma pretende ser «ese complemento necesario en la Administración General del Estado para facilitar la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007». Además, considera como principios estratégicos:

  • Procurar la más plena realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007
  • Establecer un marco flexible en la implantación de los medios de comunicación (para evitar imposiciones de comunicacióna los ciudadanos, facilitar la actividad de implantación y adaptación a las distintas organizaciones, funciones y procedimientos e impedir que se dificulte la incorporación de nuevas soluciones y servicios)

El propio Real Decreto reconoce, de todas maneras, que en este puzle normativo faltan todavía dos piezas fundamentales:

  • Esquema Nacional de Interoperabilidad, encargado de establecer los criterios comunes de gestión de la información que permitan compartir soluciones e información
  • Esquema Nacional de Seguridad, que deberá establecer los criterios y niveles de seguridad necesarios para los procesos de tratamiento de la información que prevé el propio real decreto.

A lo largo de todo el texto son numerosas las referencias a estos dos esquemas a los que ya nos hemos referido en alguna ocasión y que vendrán a completar el conjunto normativo planteado para regular la administración electrónica en España.

La norma se desarrolla en seis títulos:

  • TÍTULO I: Disposiciones generales
  • TÍTULO II: Sedes electrónicas y punto de acceso general a la Administración General del Estado
  • TÍTULO III: Identificación y autenticación
  • TÍTULO IV: Registros electrónicos
  • TÍTULO V: De las comunicaciones y las notificaciones
  • TÍTULO VI: Los documentos electrónicos y sus copias

Merecen mención aparte los plazos marcados por el R.D. en sus disposiciones finales, que cuentan a partir de ayer y que repasamos a continuación:

  • 3 meses (19 de febrero de 2010): el Ministro de la Presidencia dictará las disposiciones necesarias para la constitución del punto de acceso general de la Administración General del Estado.
  • 4 meses (19 de marzo de 2010): Adaptación de los puntos de acceso electrónico pertenecientes a la AGE o sus organismos púlicos dependientes o vinculados.
  • 6 meses (19 de mayo de 2010): Ajuste a lo dispuesto en el R.D. de los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley 11/2007 afectados por el apartado 2 de la disposición transitoria única de la citada ley.

Esta norma es de obligado estudio para quienes trabajamos en las áreas tecnológicas y de procedimientos dentro de las Administraciones Públicas, y más si cabe, para quienes lo hacemos en la Administración General del Estado, ya que el texto, en este caso, no aplica a las administraciones regionales o locales.

Hispalinux, en favor de una administración electrónica "transparente, independiente y democrática".

La asociación de usuarios españoles de Linux, Hispalinux, ha publicado una carta abierta en la que reivindican las máximas garantias para que los ciudadanos puedan acceder a todos los servicios de la administración sin que pueda producirse «una concentración de poder sobre la información pública y una dificultad insuperable de control de las instituciones».

Al hilo del debate (o de su ausencia) sobre el Real Decreto por el que se regulará el Esquema Nacional de Interoperabilidad, la asociación señala sus conclusiones tras el estudio del proyecto del texto legislativo:

  • Un planteamiento general que no conduce a la interoperabilidad
  • El Real Decreto consolida los estándares privados
  • ¿El artículo 11.2 al servicio de una empresa?
  • Necesidad de instar y desarrollar estándares abiertos
  • Necesidad de dar prevalencia a los estándares y formatos abiertos.
  • La RED SARA no puede ser de una empresa y carecer de regulación básica
  • Inexistencia de un órgano de control de la interoperabilidad

Hispalinux lleva tiempo promocionando el software libre en la administración, y esta carta abierta solo es un paso más en su cruzada por derrotar a los estándares y formatos privados.

En ese sentido, y máxime en tiempos de crisis, no parece razonable que a la administración le suponga un gasto millonario utilizar paquetes ofimáticos, sistemas operativos y sotware de todo tipo en cada uno de los cientos de miles de equipos informáticos que utilizan los funcionarios, existiendo alternativas libres perfectamente válidas para todas esas funciones.

Solamente la oficina del Defensor del Pueblo ha gastado recientemente 85.000 euros en licencias de Windows y Office.

Por otra parte, también debe evitarse ofrecer al ciudadano documentación en estos formatos propietarios que en teoría le obligarían a pagar una licencia por la utilización de un producto, pero que en la práctica supone la perpetuación de la piratería en España.

PD y Offtopic: La Diputación provincial de Lugo ha puesto en marcha un plan (Innova-Te) para implantar la administración electrónica en los ayuntamientos de la provincia. Este tipo de iniciativas son imprescindibles para acercar la administración a los ciudadanos, y resultan especialmente importantes en lugares como Galicia, donde la dispersión de la población dificulta en muchas ocasiones el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

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