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El gobierno presentará la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública

Open Data

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El País nos revela hoy que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, que debería entrar en vigor el próximo año. 

El Consejo de Europa aprobó en junio del año pasado el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales (PDF). En él se decía que «todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos«. 

En el mismo documento argumentaba a favor del acceso de los ciudadanos a los documentos públicos diciendo que «el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: proporciona una fuente de información para el público, ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas y fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad»

La propia Constitución española (en su artículo 105.b) ya recoge que la ley regulará «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas«.

El anteproyecto parece que no ha empezado su tramitación con buen pie, ya que irónicamente su desarrollo no ha sido público, y el anuncio de su presentación lo ha hecho un medio de comunicación y no el propio gobierno (podía haberlo hecho, por ejemplo, a través de su twitter @desdelamoncloa).

No conocemos el texto, pero si lo que avanza El País es cierto, podríamos comentar los siguientes puntos:

  • No es un texto original, sino que sigue lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa. No esperaremos, por lo tanto, iniciativas en favor del Gobierno abierto más allá de lo que el Consejo ha estimado oportuno.
  • No es garantista, ya que aunque se aplica el silencio positivo (a favor del ciudadano) en su petición de datos a los poderes públicos, el ciudadano debe reclamar a la Agencia de Protección de datos, que podrá no responder sin consecuencias.
  • Las resoluciones de la APD no afectarán a las administraciones autonómicas o locales.
  • La ley no está pensada para Internet. Parece que sólo se insta a las administraciones a publicar los datos más relevantes para los ciudadanos (temible subjetividad) «preferentemente por medios electrónicos«.
  • No se obliga a las administraciones a ser transparentes porque no se obliga a la publicación electrónica y en formatos abiertos y reutilizables de toda la información pública que no esté sujeta a restricciones.
  • Es restrictiva. Como es lógico, la apertura no afecta a la información relativa a seguridad, política exterior y defensa, o protección de la intimidad, pero también se excluye lo relativo al Parlamento o a los tribunales.

En definitiva, parece que de momento el texto no hará que las administraciones sean todo lo transparentes que la técnica y la lógica les permiten ser, y para serlo deberían empezar mostrándonos el anteproyecto para conocerlo de primera mano.

Gobierno abierto

Gobierno abierto

Gobierno abierto

El País ha publicado un interesante reportaje sobre los movimientos de las administraciones en relación a la apertura de los datos que poseen para ponerlos a disposición de los ciudadanos (artículo al que he llegado vía Netoratón).

Cada vez son más las administraciones en el mundo que se orientan hacia una forma distinta de hacer las cosas, utilizando los recursos que la tecnología pone a disposición de ciudadanos e instituciones. Hace tiempo hablábamos de gobierno 2.0 y democracia 2.0, y este artículo vuelve a hacernos reflexionar sobre el tema. ¿Cuántas cosas se hacen como se hacen porque nunca ha habido otra posibilidad?

Las administraciones han recabado y utilizado nuestros datos para gestionar los asuntos públicos. No ha sido hasta el momento en que internet ha tenido una penetración importante en los hogares cuando se ha planteado la posibilidad de que esas administraciones nos enseñen los datos, las cuentas o el estado de los proyectos que desarrollan con nuestro dinero.

Barak Obama ha dado un impulso fundamental a lo que conocemos como Gobierno abierto, y tanto Estados Unidos como el Reino Unido han puesto a disposición de los ciudadanos miles de datos públicos a través de unos portales dedicados a esa labor. En el Reino Unido, por ejemplo, se puede conocer el destino que se ha dado a los impuestos pagados por cada contribuyente.

Se abre el debate, por lo tanto, de qué datos pueden hacerse públicos y cuales debe guardar celosamente la administración. Es evidente que los que tengan influencia en la seguridad del estado o lo que, por su naturaleza, sean datos privados de los ciudadanos, no deberían airearse. Por otra parte, el destino del dinero ingresado por el estado parece un buen candidato a hacerse público: ¿Cuánto dinero se ha gastado en educación (en qué colegios, en qué material, en qué profesores)?, ¿Cuánto se ha gastado en comedores sociales?, ¿Cuánto en infraestructuras (en cuáles, a quién se ha pagado)? También el progreso de cada proyecto parece interesante publicarlo. Todos podríamos ver los retrasos en las obras, cómo se encarecen y por tanto cómo se están gestionando.

Entre los datos evidentemente privados y los evidentemente públicos se abre un espacio de debate. En otros países es público el importe que cada ciudadano declara a hacienda. ¿Debe serlo también aquí? ¿Es privado lo que un contribuyente aporta al sostenimiento del Estado? ¿A quién perjudicaría o beneficiaría hacer pública esta información?

Como se dice en el artículo, el gobierno abierto está basado en tres pilares: transparencia, participación y colaboración. La publicación de los datos que los gobiernos poseen permitiría auditar su labor y evitar el fraude, tanto del propio gobierno como de los ciudadanos que quieren, por ejemplo, «suavizar» sus obligaciones tributarias.

Las empresas empiezan a comprender la importancia del social media y a través de sus community managers o figuras equivalentes, están abriéndose a sus clientes para permitir una relación bidireccional muy provechosa en ambos sentidos. La administración debe potenciar también esos canales para hacer la democracia más participativa. Al fin y al cabo nuestra democracia es el peor sistema del mundo a excepción de todos los demás. Quiere esto decir que está muy lejos de ser perfecto, pero no tenemos (teníamos?) otro mejor. La posiblidad de realizar propuestas, participar en debates o lanzar alertas tempranas ante posibles problemas mejora la calidad de nuestra democracia en el sentido etimológico de la palabra, evitando la perversa y antigua partitocracia.

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